Daniel Arroyo desplazó al responsable las compras con sobreprecios del Estado

El secretario de Articulación de Política Social, Gonzalo Calvo, tuvo que dar un paso al costado en el Ministerio de Desarrollo Social por la polémica compra de alimentos a precios que superaban los montos de referencia impuestos por la Sigen. Su desplazamiento, decidido por el ministro Daniel Arroyo, se produjo horas después de que el presidente ordenara cancelar el pago y adviertiera que no se permitiràn abusos por parte de los proovedores.

Gonzalo Calvo fue el responsable de la compra de la partida de emergencia de alimentos para abastecer a los comedores populares y su salida se definió luego de que Arroyo abriera un sumario interno para evaluar las responsabilidades de los funcionarios involucrados en dicha compra.

La licitación tenía como objetivo adquirir bolsones alimenticios (leche, aceite, azúcar, harina, fideo y lentejas) para cubrir el aumento de la demanda en los comedores, ya que en las últimas semanas se incrementó de 8 a 11 millones de personas. Lo llamativo de la compra, de alrededor de 400 millones, de pesos fueron los elevados precios que se pagaron, en particular de las partidas de azúcar y aceite.

El ministro Arroyo reconoció el lunes que la compra se había aprobado por montos más elevados que los precios testigos puestos por la Sigen, pero indicó que ante la negativa de los proveedores a realizar nuevas ofertas, se optó por abastecer a los comedores en la emergencia.

Por su parte, el presidente Fernández ordenó suspender el pago y estableció que a partir de ahora el tope para cualquier compra serán los precios máximos fijados por el propio Estado. El Gobierno indicó, además, que se revisarán las licitaciones que todavía no fueron ejecutadas y que superen ese tope. «No se va a pagar, y si alguno quiso hacer lo que no debía hacer, que se haga cargo», advirtió el primer mandatario.

Fernández resaltó en la noche del lunes que se había abierto un sumario para investigar cómo se había realizado la operatoria y adelantó que si hubiese existido un acto ilícito sería «el primero en perseguirlo».

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